lunes 2 de julio de 2012 12:00 AM
Procesarán a los que permitieron construir en el Lago de Valencia
TSJ le dio la orden a la Fiscalía al revisar el caso de tres urbanizaciones
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TSJ ordenó a la Fiscalía investigar a los funcionarios que autorizaron la construcción de casas en las orillas del Lago de Valencia EDSAÚ OLIVARES/ARCHIVO
En el banquillo de los acusados. Allí podrían terminar los funcionarios de la Alcaldía de Maracay (Aragua) que en la década de los 70 autorizaron la construcción de viviendas a las orillas del Lago de Valencia, así como los urbanistas y constructores que las edificaron y los banqueros que las financiaron, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le ordenó al Ministerio Público que los investigue para ver si incurrieron en algún delito.
La instrucción la giró la Sala Constitucional del máximo juzgado en su sentencia 868, del pasado 26 de junio, ordenó la inmediata ejecución de las dos sentencias que ha dictado en 2006 y 2007, en las cuales ordenó a las autoridades nacionales y regionales desalojar e indemnizar a los habitantes de las urbanizaciones La Punta y Mata Redonda, las cuales se encuentran en una de las orillas del reservorio de agua y han sido inundadas por el crecimiento del mismo.
La instancia judicial, en el fallo redactado por el magistrado Marco Tulio Dugarte, justificó su orden al Ministerio Público señalando que "el Lago de Valencia, según informaron los técnicos del Ministerio del Ambiente en la audiencia del 19 de julio de 2006, tiene ciclos en que se retira y luego vuelve a crecer, por lo que este no es un hecho imprevisible, sino al contrario, tenía que ser ponderado no solo por las autoridades municipales que permisaron las urbanizaciones, sino por los urbanizadores, y los financistas, ya que estos últimos tenían que haber estudiado el proyecto de urbanismo".
No obstante, llama la atención que en las dos resoluciones previas el máximo juzgado no se haya pronunciado sobre la supuesta responsabilidad en la habrían incurrido las autoridades municipales de la época ni quienes construyeron y financiaron las urbanizaciones que hoy deben ser desalojadas.
Sin embargo, ahora el TSJ asevera que ellos "deberían reintegrar a la República lo que ha tenido que indemnizar sin poder oponerle a esta situación prescripción alguna, ya que los daños ahora es cuando se están causando y la real responsabilidad nace cuando los daños colectivos, producto de la imprevisión, ocurren".
Para justificar su postura la Sala recordó que en 1979 un decreto presidencial tildó de "irracional" los desarrollos realizados en la zona.
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120702/procesaran-a-los-que-permitieron-construir-en-el-lago-de-valencia
La instrucción la giró la Sala Constitucional del máximo juzgado en su sentencia 868, del pasado 26 de junio, ordenó la inmediata ejecución de las dos sentencias que ha dictado en 2006 y 2007, en las cuales ordenó a las autoridades nacionales y regionales desalojar e indemnizar a los habitantes de las urbanizaciones La Punta y Mata Redonda, las cuales se encuentran en una de las orillas del reservorio de agua y han sido inundadas por el crecimiento del mismo.
La instancia judicial, en el fallo redactado por el magistrado Marco Tulio Dugarte, justificó su orden al Ministerio Público señalando que "el Lago de Valencia, según informaron los técnicos del Ministerio del Ambiente en la audiencia del 19 de julio de 2006, tiene ciclos en que se retira y luego vuelve a crecer, por lo que este no es un hecho imprevisible, sino al contrario, tenía que ser ponderado no solo por las autoridades municipales que permisaron las urbanizaciones, sino por los urbanizadores, y los financistas, ya que estos últimos tenían que haber estudiado el proyecto de urbanismo".
No obstante, llama la atención que en las dos resoluciones previas el máximo juzgado no se haya pronunciado sobre la supuesta responsabilidad en la habrían incurrido las autoridades municipales de la época ni quienes construyeron y financiaron las urbanizaciones que hoy deben ser desalojadas.
Sin embargo, ahora el TSJ asevera que ellos "deberían reintegrar a la República lo que ha tenido que indemnizar sin poder oponerle a esta situación prescripción alguna, ya que los daños ahora es cuando se están causando y la real responsabilidad nace cuando los daños colectivos, producto de la imprevisión, ocurren".
Para justificar su postura la Sala recordó que en 1979 un decreto presidencial tildó de "irracional" los desarrollos realizados en la zona.
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/120702/procesaran-a-los-que-permitieron-construir-en-el-lago-de-valencia
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