Varias viviendas del sector Mata Redonda fueron desvalijadas por los delincuentes
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Al no tener confianza en la Gobernación de Aragua, retomaron sus viviendas CORTESÍA EL PERIODIQUITO
ÉRIKA GUILLÉN| ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
viernes 19 de octubre de 2012 12:00 AM
Maracay.- Un grupo de habitantes de Mata Redonda y La Punta, afectados por la crecida del Lago de Valencia al sur de Maracay, que aceptaron voluntariamente el plan de desalojo del Gobierno regional de trasladarse a hoteles y moteles de la ciudad, decidieron abandonar estos espacios y retornar a sus casas por temor a perder su patrimonio.
Iraima Ruiz, afectada de la manzana 11 de Mata Redonda, refirió que algunos de sus vecinos cuando regresaron a las viviendas la encontraron desvalijadas, incluso sin rejas en la parte externa, sin piezas de baños, así como el faltante de marcos de ventanas y puertas.
Los afectados resaltaron que la mayoría de los que se han ido a hoteles y moteles son personas que residían en ambos urbanismos en condición de inquilinos, habitantes de buena fe y algunos propietarios, quienes decidieron esta opción por temor a una inundación de las residencias.
Estos traslados se concretaron, luego que el pasado martes 9 de octubre el Gobernador de la entidad, Rafael Isea, ordenara el desalojo de ambos sectores como medida preventiva ante el inminente rebose del Lago de Valencia por encima de la estructura. Desde ese momento, los afectados también comenzaron a trasladar voluntariamente y de manera desesperada sus enseres a casas de familiares.
Ruiz, destacó que desde el pasado lunes tienen poco resguardo militar y policial, por lo que se ha incrementado la delincuencia en la zona, especialmente en horas nocturnas.
Un grupo de afectados insistió en calificar la orden de desalojo como una maniobra política para lograr sacar a más de 600 propietarios que se mantienen reacios a abandonar sus viviendas hasta que les cancelen la indemnización monetaria. Señalaron que el Gobierno regional busca tratarlos como damnificados, enviándolos a un hotel como refugio para después darles una solución habitacional en un conjunto residencial de interés social.
Recordaron que están amparados en una sentencia del TSJ que ordena la restitución de la vivienda en igual o superior condición a la que están perdiendo. Ambos sectores, de clase media alta, está formado por casas, tipo quintas, que han ido en detrimento por el crecimiento de la cuenca.
No obstante, solicitan la intervención presidencial para que vía decreto revierta la sentencia y se haga la indemnización monetaria, pues aseguran que no hay tiempo para esperar una vivienda en el mercado secundario o primario. Este jueves, la zona se encontraba desolada, en medio de monte y escombros, con pocas personas en las calles.
Iraima Ruiz, afectada de la manzana 11 de Mata Redonda, refirió que algunos de sus vecinos cuando regresaron a las viviendas la encontraron desvalijadas, incluso sin rejas en la parte externa, sin piezas de baños, así como el faltante de marcos de ventanas y puertas.
Los afectados resaltaron que la mayoría de los que se han ido a hoteles y moteles son personas que residían en ambos urbanismos en condición de inquilinos, habitantes de buena fe y algunos propietarios, quienes decidieron esta opción por temor a una inundación de las residencias.
Estos traslados se concretaron, luego que el pasado martes 9 de octubre el Gobernador de la entidad, Rafael Isea, ordenara el desalojo de ambos sectores como medida preventiva ante el inminente rebose del Lago de Valencia por encima de la estructura. Desde ese momento, los afectados también comenzaron a trasladar voluntariamente y de manera desesperada sus enseres a casas de familiares.
Ruiz, destacó que desde el pasado lunes tienen poco resguardo militar y policial, por lo que se ha incrementado la delincuencia en la zona, especialmente en horas nocturnas.
Un grupo de afectados insistió en calificar la orden de desalojo como una maniobra política para lograr sacar a más de 600 propietarios que se mantienen reacios a abandonar sus viviendas hasta que les cancelen la indemnización monetaria. Señalaron que el Gobierno regional busca tratarlos como damnificados, enviándolos a un hotel como refugio para después darles una solución habitacional en un conjunto residencial de interés social.
Recordaron que están amparados en una sentencia del TSJ que ordena la restitución de la vivienda en igual o superior condición a la que están perdiendo. Ambos sectores, de clase media alta, está formado por casas, tipo quintas, que han ido en detrimento por el crecimiento de la cuenca.
No obstante, solicitan la intervención presidencial para que vía decreto revierta la sentencia y se haga la indemnización monetaria, pues aseguran que no hay tiempo para esperar una vivienda en el mercado secundario o primario. Este jueves, la zona se encontraba desolada, en medio de monte y escombros, con pocas personas en las calles.
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